La reforma a la salud, preocupa al país por los impactos que tendrá, ya que no sólo se debe a la eliminación o continuidad de las EPS si no que hay una preocupación por el acceso limitado de los empleados a la salud, lo que implica que los empleadores, tengan que asumir gastos adicionales y además, es preocupante que estas decisiones sobre la reforma se verán reflejadas en el bienestar y la salud de la fuerza laboral, aspectos esenciales para la productividad y la competitividad.
El Proyecto de Ley 339 de 2023 avanza en la plenaria de la Cámara de Representantes en su segundo debate y superó el análisis y votación de los impedimentos, la ponencia negativa e incluso la solicitud de su aplazamiento.
Según el comunicado de la presidencia de la república, “La reforma a la salud, busca transformar el Sistema de Salud del país hacia uno predictivo, resolutivo y de prevención, centrado en el derecho fundamental a la salud”. Pero es muy importante analizar que sería indispensable disponer de un sistema de información robusto al nivel de la prestación de los servicios ya que son éste, , el sistema de salud funcionaría con muchos problemas de acceso no resueltos, pero con unos gastos en salud descontrolados por ausencia de compradores inteligentes.
El modelo de atención primaria es el ente rector del articulado, en donde distribuye la implementación de este modelo a través de Centros de Atención Primaria (CAP) territorializados, a través del subsidio por oferta (por cantidad de habitantes en la zona) en todo el país y que por cada CAP en Colombia, se atenderían cerca de 25.000 personas, por lo que se necesitarían cerca de 2.500 para cubrir con la oferta.
Lo segundo, más polémico, es la eliminación de la intermediación financiera de las EPS, o como se podría referir actualmente al mecanismo de ‘Giro Directo’, en donde estas entidades son las encargadas de suministrar las UPC (Unidad de Pago por Capitación) que le otorga la Adres por cada afiliado. Con la nueva reforma, las Adres serán las responsables de girar los rubros a los CAP territoriales.
Uno de los primeros cuestionamientos al proyecto ha sido que posiblemente se incremente el gasto de bolsillo en salud por algunos sobrecostos de trámites, como el de la dispensación de medicamentos, que aún no queda claro en el articulado.
Se piensa que el modelo planteado puede afectar la atención a los usuarios, ya que no se tiene claridad de quién asumirá el papel que las EPS cumplen hoy hacia los pacientes, tales como agenciamiento, articulación de la red, gestión del riesgo en salud y pago de incapacidades y licencias de maternidad. Con la nueva reforma, las Adres serán las responsables de girar los rubros a los CAP territoriales.
Son pocas las opiniones positivas que tiene esta reforma a la salud, que no vengan del mismo Gobierno. Este proyecto de ley, que actualmente cuenta con cuatro contrarreformas en el Congreso, tiene pro y contras que analizar.